OIC y Sindicatura determinarán posible sanción por actuación de síndico de Topo en boicot de Mexinol

Alcalde de Ahome señala que caso deberá analizarse con base en reglamentos y podría derivar en sanciones si se acredita alguna faltas

Los Mochis, Sinaloa.- Tras la polémica generada por la participación del síndico de Topolobampo, Ulises Pinzón Vázquez, en el boicot a la colocación de la primera piedra del proyecto Pacífic Mexinol, el alcalde de Ahome dejó en claro que serán la Sindicatura de Procuración y el Órgano Interno de Control (OIC) quienes determinen si existe alguna responsabilidad o sanción.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez subrayó que la normativa contempla mecanismos para analizar la conducta de los servidores públicos, aunque evitó emitir un juicio directo sobre el caso.

“Todo está contemplado en la regulación y en los reglamentos que nos rigen, pero esa es una valoración que le toca a otra instancia de gobierno municipal analizarla”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si el OIC ya investiga el tema, el alcalde dijo no tener conocimiento y reiteró su postura de respeto a la autonomía de dichas instancias.

En cuanto a la posibilidad de sanciones, incluso de carácter penal, insistió en que no corresponde al Ejecutivo municipal determinarlo.

“Será la autoridad de la sindicatura en procuración y el órgano de control quien deberá de resolver o pronunciarse en un sentido o en otro, y nosotros debemos de ser muy respetuosos”, afirmó.

Explicó que dentro del Ayuntamiento existe una división de funciones similar a los poderes, donde el Ejecutivo encabeza la administración, el Cabildo regula y la sindicatura junto con el OIC vigilan y sancionan.

“La síndica procuradora y el órgano de control son quienes vigilan, quienes sancionan; en ellos descansa la certeza jurídica del Ayuntamiento”, indicó.

El alcalde también señaló que un procedimiento podría iniciarse tanto por denuncia como de oficio, dependiendo de lo que determinen las autoridades competentes.

Finalmente, consideró que el propio síndico deberá responder y aclarar cómo se dieron los hechos ante la opinión pública y su actuación deberá de justificarse, mientras las instancias correspondientes realizan la valoración legal.

El munícipe agregó que, si bien la libre manifestación es un derecho, los servidores públicos deben conducirse conforme a la ley, por lo que, de existir alguna irregularidad, deberá haber consecuencias conforme a los reglamentos.